Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorristas. La Cámara de Diputados aprobó simultáneamente su juicio político por conflicto de intereses.
Santiago Peña anunció su decisión de dejar la presidencia de Paraguay en un comunicado difundido a través de redes sociales, en medio de una de las peores crisis institucionales que atraviesa el país sudamericano. La dimisión llegó después de dos días consecutivos de protestas masivas en Asunción, donde ciudadanos exigían recuperar sus depósitos tras la intervención del Banco Central a Ueno Bank.
El mandatario, quien asumió el cargo en agosto de 2023 con expectativas de gobernar hasta 2028, justificó su salida argumentando que priorizaba "la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas". En su mensaje, pidió disculpas a la población por los inconvenientes causados durante su gestión.
La intervención de Ueno Bank representa un golpe sin precedentes para el sistema financiero paraguayo. La entidad bancaria concentraba los ahorros de aproximadamente tres millones de personas, cifra que representa casi la mitad de la población del país. El Banco Central de Paraguay tomó la decisión el martes pasado, suspendiendo completamente los servicios de la institución por problemas críticos de solvencia.
Este colapso generó un efecto dominó inmediato: miles de ciudadanos salieron a las calles en manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía, con denuncias de represión desproporcionada. La situación se agravó cuando varios directivos fueron detenidos, incluyendo al presidente de la entidad, Miguel Vázquez, y otros siete ejecutivos que enfrentan investigaciones por el desmanejo de fondos.
La investigación reveló lazos preocupantes entre la institución y altas autoridades gubernamentales. Peña había mantenido participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025, lo que generó sospechas de conflicto de intereses. Además, el Gobierno colocó fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) —dinero de trabajadores jubilados— en la entidad problemática.
Otro aspecto cuestionado fue el nombramiento de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, como titular del Banco Central. Este funcionario terminó renunciando ante la presión de los legisladores opositores, quienes lo consideraban parte de la red de corrupción que permitió el desastre financiero.
A pesar de que Peña ya había presentado su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un proceso de juicio político en su contra. El libelo acusatorio contempla cinco causales directamente vinculadas con el escándalo de Ueno Bank, entre ellas el conflicto de intereses derivado de sus participaciones accionarias previas.
Los legisladores también cuestionaron las modificaciones introducidas en la legislación sobre conflictos de intereses, decisiones que supuestamente beneficiaron a los intereses empresariales del presidente. El proceso ahora pasa al Senado, que tendrá la responsabilidad de determinar si continúa la destitución formal.
En un giro importante, la Cámara rechazó el juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana con 48 votos en contra y 30 a favor. Esta decisión despeja el camino para que Alliana asuma la presidencia de la República sin los cuestionamientos legales que envolvían a Peña. De esta manera, Paraguay transita hacia una transición institucional con un nuevo titular en la ejecutiva nacional.
La crisis paraguaya genera preocupaciones en toda la región sudamericana, particularmente para Argentina, que mantiene vínculos comerciales y financieros estrechos con Paraguay a través del Mercosur. El colapso de una entidad bancaria de tal magnitud plantea interrogantes sobre la supervisión regulatoria en la región y la protección de los depositantes en economías emergentes.
Para los ahorristas argentinos con conexiones financieras en Paraguay, la situación subraya la importancia de diversificar depósitos y mantenerse informados sobre la solidez de las instituciones donde guardan su dinero. El caso también refuerza debates sobre la necesidad de fondos de garantía de depósitos más robustos en Latinoamérica.
En su mensaje de renuncia, Peña expresó: "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento fallé. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí". Sin embargo, muchos ciudadanos y legisladores consideran que las disculpas llegan demasiado tarde, después de que millones ya perdieron acceso a sus ahorros de toda una vida.
El mandatario saliente concluyó pidiendo que se garantice la devolución de recursos a través del Fondo de Garantía de Depósitos y que se protejan los fondos públicos. Estas promesas, válidas o no, llegan en un contexto donde la confianza en las instituciones paraguayas ha sido severamente erosionada por eventos que muchos consideran fruto de negligencia deliberada o corrupción sistemática.
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