Crisis de natalidad enciende alarma en cajas previsionales provinciales

Demografía en caída y un sistema previsional provincial al borde del colapso

La caída dramática de natalidad en Argentina pone en jaque directo a 13 cajas previsionales provinciales que operan fuera del sistema nacional de ANSES y concentran una de las crisis estructurales más profundas del sistema de jubilaciones del país. Los números hablan por sí solos: mientras en 2015 nacieron 730.000 niños, en 2025 ese número se desplomó a apenas 400.000, una caída del 45% en una década que amenaza la viabilidad financiera de sistemas diseñados para una población en crecimiento constante.

Las cajas provinciales no transferidas a ANSES cobijadas en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego gestionan a 1,8 millones de empleados públicos aportantes y atienden a 850.000 jubilados y pensionados. Esta relación de casi 2 aportantes por cada jubilado, lejos de tranquilizar, se convierte en un tímano cuando se proyecta el panorama demográfico de las próximas décadas.

La debilidad de este esquema se vuelve visible cuando el desplome de nacimientos se proyecta hacia adelante: en 2030 comenzará la caída de la población económicamente activa (PEA). Eso significa que dentro de cinco años, habrá menos argentinos en edad de trabajar y aportar a estos sistemas, mientras que la masa de jubilados seguirá creciendo naturalmente por envejecimiento. Es matemática pura y brutal: menos dinero entrando, más dinero saliendo.

Gasto jubilatorio que creció más del doble en algunas provincias

Los números acumulados en los últimos 20 años revelan la magnitud de la presión que ya enfrentan estas cajas. El gasto público total en las 13 provincias aumentó 40% en términos reales, pero el gasto en jubilaciones de empleados públicos creció mucho más rápidamente en la mayoría de los casos.

La Pampa encabeza la lista con un aumento del 200% en gasto jubilatorio. Le siguen con incrementos de entre 200% y 100% las provincias de Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz. Entre Ríos, Formosa, Buenos Aires, Chaco y Chubut registraron aumentos entre 100% y 80%, mientras que Corrientes sumó un 59% y Córdoba, aunque menor en términos porcentuales, acumula un aumento real del 24%.

Esta explosión de gasto no es casual: refleja tanto el envejecimiento de la población de jubilados como los ajustes de haberes que se han otorgado a lo largo de dos décadas. Pero lo más crítico es que este gasto representa, en promedio, el 20% del gasto público provincial. Eso quiere decir que una de cada cinco pesos que gastan las provincias en sus presupuestos van destinados a pensiones de empleados públicos, limitando seriamente su capacidad de invertir en educación, salud, infraestructura u otros servicios.

Cómo las provincias intentan tapar agujeros sin fondos

Ante esta presión, algunas provincias han comenzado a recurrir a medidas desesperadas para financiar sus déficits previsionales. Neuquén, históricamente beneficiada por sus recursos de Vaca Muerta, ha comenzado a desviar fondos de ese esquema para cubrir el agujero de su caja jubilatoria. Es un préstamo al sistema previsional de recursos que podrían destinarse a inversión estratégica.

En Buenos Aires, la búsqueda de fondos tomó una vía distinta: se sancionó una norma que exige a los colegios privados dejar de aportar al sistema nacional de ANSES para trasladarse a la caja provincial. La medida busca ampliar la base de aportantes para la caja bonaerense, pero también representa una presión sobre el sector privado y un debilitamiento relativo del sistema nacional.

El panorama nacional más amplio: un sistema fragmentado en crisis

Las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a ANSES en la década de los 90 coexisten con el resto del sistema previsional: ANSES (régimen nacional), 29 cajas municipales y 82 cajas de profesionales que operan con regímenes propios. Mientras que la mayoría de las provincias transfirieron sus sistemas a ANSES hace tres décadas, estas 13 resistieron y mantienen autonomía en la gestión de sus fondos, pero también cargan con la responsabilidad de su sostenibilidad financiera sin el respaldo de un sistema nacional integrado.

Esa fragmentación, que en su momento permitió defender intereses locales, ahora se convierte en una vulnerabilidad sistémica. Cada caja provincial debe ser financieramente viable por sí misma o depender del presupuesto provincial, lo que genera presión constante sobre las arcas locales.

Próximos pasos: reformas inevitables

Con la caída de natalidad en progresión geométrica y el colapso demográfico proyectado para dentro de cinco años, las opciones para estas cajas provinciales se reducen a tres: aumentar aportes, reducir prestaciones, o implementar cambios estructurales profundos en los regímenes. Ninguna es políticamente fácil, especialmente en territorios donde los empleados públicos y jubilados tienen peso electoral considerable.

La cuestión que queda flotando es si habrá voluntad política para tocar un sistema que, como dice el adagio, siempre ha sido considerado intocable. Los números dicen que el tiempo de no hacer nada ya se agotó.