Gobierno presenta proyecto de Ley de Propiedad Privada para el Senado
El Gobierno presentó un proyecto de Ley de Propiedad Privada que será tratado en el Senado el jueves. La iniciativa busca revertir décadas de inseguridad jurídica mediante cinco ejes sobre expropiaciones, desalojos ágiles y compra de tierras.
La Casa Rosada apuesta por reformar la seguridad jurídica en tierras
Adrián Ravier, vocero presidencial, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para presentar un proyecto de Ley de Propiedad Privada que será tratado en el Senado el jueves de la próxima semana. El Gobierno busca atacar frontalmente lo que define como un problema estructural: décadas de inseguridad jurídica que han generado un marco normativo fragmentado e impredecible para la inversión en tierras rurales, agrícolas e inmuebles en general.
La iniciativa legislativa surge en un contexto donde Argentina enfrenta un déficit importante en su ambiente de negocios. Según datos del Índice de Libertad Económica, el país se posiciona en 41 puntos, por debajo del promedio mundial de 52 puntos. Este rezago refleja, entre otros factores, la debilidad institucional en materia de derechos de propiedad, un aspecto que el Ejecutivo considera prioritario reformar.
Cinco ejes para reformar las expropiaciones y desalojos
El proyecto de Ley de Propiedad Privada se estructura sobre cinco ejes fundamentales diseñados para agilizar procesos, endurecer protecciones y eliminar barreras normativas que, según el Gobierno, han frenado inversiones en el sector agrícola y en bienes raíces.
El primer eje apunta directamente a reformar la histórica Ley 21.499 de Expropiaciones. La propuesta introduce definiciones más exigentes sobre lo que se considera "utilidad pública", reduciendo así el margen para expropios discrecionales. Este cambio busca fortalecer la certidumbre jurídica de los propietarios al establecer criterios más restrictivos y predecibles.
En materia de desalojos, el Gobierno propone un cambio procesal radical: la introducción de un juicio sumarísimo que agilice los desalojos, reduciendo plazos que actualmente pueden extenderse por años a apenas meses. Esta medida, según la presentación oficial, busca resolver conflictos de ocupación con mayor rapidez y reducir la litigiosidad prolongada que caracteriza a estos procesos en Argentina.
Apertura a inversión extranjera con controles selectivos
Otro aspecto central del proyecto es la desregulación de la compra de tierras por extranjeros. El Gobierno propone eliminar las restricciones generales que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por personas o empresas extranjeras. Sin embargo, esta apertura incluye un mecanismo de control: se endurecerían los controles para Estados extranjeros interesados en compras de tierras rurales superiores a 1000 hectáreas, estableciendo una especie de guardián para evitar concentración estratégica por parte de gobiernos extranjeros.
Esta dualidad refleja una postura pragmática: atraer capital extranjero privado mientras se mantiene cautela sobre potenciales compras por parte de Estados rivales o con intereses geopolíticos.
Reforma ambiental: adiós a restricciones post-incendios
La propuesta también contempla la derogación de la reforma de 2020 de la Ley de Fuego, que imponía restricciones a campos agrícolas tras incendios. El Gobierno argumenta que estas restricciones han generado incertidumbre sobre el uso de tierras y limitaciones innecesarias para los productores agrícolas. Su eliminación busca expandir el margen operativo del sector rural.
Modernización: Registro Digital y Ventanilla Única Federal
El Ejecutivo también impulsa una modernización institucional profunda: la digitalización total del Registro de la Propiedad Inmueble y la creación de una Ventanilla Única Federal. Estos cambios apuntan a reducir la complejidad administrativa y los tiempos de gestión, elementos que han sido históricamente lentos en Argentina. La idea es crear un sistema uniforme, digital y accesible que facilite transacciones y reduzca costos operativos.
Próximos pasos en el Senado y definiciones legislativas
Está prevista una reunión de la mesa política para definir la hoja de ruta legislativa y blindar los votos necesarios en el Senado. El tratamiento en la Cámara Alta está fijado para el jueves 17 de julio de 2026, apenas tres días después de la presentación oficial. Este cronograma acelerado responde a la urgencia del Gobierno de avanzar con su agenda de reformas estructurales.
En paralelo, el mercado aguarda otro dato clave: la inflación de junio, que se conocerá el martes por la tarde. Ambos eventos —el proyecto de ley y el número inflacionario— formarán parte del panorama de políticas económicas que enfrenta la Argentina en las próximas horas, con potencial para impactar en la confianza de inversores y en la percepción sobre la dirección de la economía.
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